Prohibir no acaba con el juego

Brasil pasó años debatiendo cómo regular las apuestas deportivas. El Congreso aprobó la legislación, el gobierno reguló, las empresas pagaron para operar legalmente en el país, realizaron inversiones y comenzaron a cumplir con normas de fiscalización, tributación y protección al consumidor.

No se puede crear una regla, llevar a empresas e instituciones a asumir compromisos sobre esa base y, de un día para otro, cambiar todo el marco regulatorio.

Ninguna regulación es intocable. Si existen problemas, las normas deben mejorarse. Si necesitan ser más estrictas, que lo sean. Quienes incumplan la ley deben ser sancionados. Pero existe una diferencia fundamental entre perfeccionar una regulación y simplemente desmantelarla.

Esta es una cuestión de seguridad jurídica.

Y la seguridad jurídica no interesa únicamente a las empresas de apuestas. Interesa a cualquier persona, empresa o institución que invierte, contrata y hace planes a largo plazo en Brasil confiando en las reglas establecidas por el propio Estado.

Este cambio golpea de lleno al deporte brasileño.

Una decisión de esta magnitud afecta al fútbol profesional, a las categorías menores, al fútbol femenino, a los deportes olímpicos y a todos los campeonatos.

El deporte brasileño no puede analizarse únicamente desde la realidad financiera de los clubes de mayor recaudación. Y no son solo los clubes los afectados: toda una cadena recibe un impacto inmediato: empleos directos e indirectos, empresas de comunicación, marketing y tecnología, proveedores, estadios, prestadores de servicios y toda una cadena económica.

También afecta la recaudación pública. El mercado regulado genera recursos a través de impuestos y asignaciones previstas en la ley, que llegan a las arcas públicas y se destinan a áreas de interés social.

Debilitar el mercado legal puede producir una combinación especialmente perjudicial: menos recursos para el deporte y menos recaudación para el país.

¿Y el brasileño quedará más protegido? Quizás esta sea una de las preguntas centrales de este debate.

Prohibir a las empresas que operan legalmente no significa acabar con las apuestas. El juego no desaparece y el mercado clandestino, que ya representa una porción significativa de la actividad, crecerá y ocupará ese espacio.

Una encuesta del Instituto Locomotiva, realizada en mayo de 2026 en todo el país con 2.291 apostadores, señala la presencia relevante de prácticas asociadas con mercados ilegales. Un estudio de LCA Consultores, basado en esa investigación, estima que entre el 38% y el 44% del valor apostado en línea en Brasil actualmente ocurre en plataformas clandestinas.

Hay un dato particularmente importante: la participación estimada del mercado ilegal cayó después de la regulación, pasando del rango de 41% a 51% en 2025 al 38% a 44% en el primer semestre de 2026.

El juego no acabará de un plumazo. Lo que termina es la parte que Brasil puede regular, fiscalizar, gravar y responsabilizar.

Y el resultado podría ser menos seguridad para quienes invierten, menos recursos para el deporte y el país, y menor capacidad de fiscalización sobre la actividad.

Brasil debe combatir el juego ilegal. Debe proteger a su población.

Pero también debe preservar la seguridad jurídica, la capacidad de inversión y la sostenibilidad de sus instituciones deportivas.

El deporte brasileño no puede ser debilitado por una decisión que no elimina el juego, no elimina el mercado ilegal y aún pone en riesgo las inversiones, los empleos y los compromisos construidos dentro de las reglas que el propio país estableció.